La doctora Marta Yánez, jueza subrogante del Juzgado Federal de Río Gallegos, dictó ayer una medida por la cual suspende temporariamente el aumento de la tarifa del gas para todos los residentes domiciliarios de la provincia de Santa Cruz,

El dictamen había sido firmado por el fiscal de Primera Instancia Gonzalo Miranda ante una acción de amparo presentada por el senador nacional Alfredo Anselmo Martínez y los concejales locales Daniel Alberto Roquel y Fabián Leguizamón.

El reclamo apunta contra la resolución del Ministerio de Energía y Minería que modifica el cuadro tarifario de la empresa Camuzzi Gas del Sur y que incrementó el precio del servicio de provisión de gas en casi un 500%.

Además solicitó al organismo que notifique por sus canales internos a todas y cada una de las entidades, como así también a todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, para que puedan tomar participación en estos actuados.

Consultado respecto a la viabilidad de la medida cautelar tendiente a suspender la aplicación de las tarifas establecidas por la Resolución 28/2016 del MinEM y a ordenar al ENARGAS que instruya a la prestataria Camuzzi Gas del Sur S.A. a suspender el cobro de las facturas ya emitidas o a emitir, en base al cuadro tarifario resultante de la norma impugnada, el fiscal consideró que el incremento tarifario «carece de legitimidad, por haberse omitido la intervención de los usuarios a través del procedimiento de audiencia pública previsto en el marco regulador aplicable al caso».

Para Miranda, la falta de celebración de audiencia pública, constituye la verosimilitud del derecho de usuarios y consumidores en torno a la medida cautelar solicitada, mientras que el peligro en la demora está dado por la inminente aplicación del nuevo cuadro tarifario a las facturaciones posteriores, por lo que concluyó que la medida cautelar requerida resulta procedente.

Miranda entendió que el amparo debe comprender a “todos los usuarios del servicio de gas de Santa Cruz”, ya que el nuevo cuadro de tarifas “implica la pérdida de un derecho subjetivo adquirido por los ciudadanos de esa región, que enfrentan frías temperaturas durante cuatro meses al año, siendo el fluido un recurso fundamental para la subsistencia”, señaló el funcionario judicial.

El fiscal había opinado previamente a la decisión de la doctora Yánez, que el tarifazo «carece de legitimidad, por haberse omitido la intervención de los usuarios a través del procedimiento de audiencia pública previsto en el marco regulador aplicable al caso».

Y sostuvo que “la falta de celebración de audiencia pública, constituye la verosimilitud del derecho de usuarios y consumidores en torno a la medida cautelar solicitada, mientras que el peligro en la demora está dado por la inminente aplicación del nuevo cuadro tarifario a las facturaciones posteriores”.

No obstante, esa fue la opinión no vinculante del fiscal, hasta ayer, que la doctora Yánez dictó la medida en el expediente 6358/16.

Asimismo, la jueza procedió a dictar dictamen en la primer causa de amparo presentada, teniendo en cuenta que ayer, Jorge Soloaga realizó similar presentación en el Juzgado Federal de Caleta Olivia.

(La Prensa SC)

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